El sector empresarial mexicano se prepara para una etapa de transformaciones significativas en materia laboral durante los próximos años. Tres aspectos fundamentales marcarán el rumbo de las relaciones laborales en el país y generan incertidumbre en el sector privado: la revisión del salario mínimo, la reducción de jornadas de trabajo y la renegociación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. En las próximas dos semanas se llevarán a cabo negociaciones cruciales respecto al salario mínimo, proceso que se anticipa complejo. Después de ocho años consecutivos de incrementos en doble dígito, que han resultado en un crecimiento real del 154 por ciento en el referente mínimo general, las posiciones entre actores están divididas. Los empresarios solicitan un aumento de un solo dígito, preferentemente limitado a un punto porcentual por encima de la inflación anual. Las organizaciones sindicales presentan demandas más ambiciosas, con propuestas que oscilan entre 12 y 18 por ciento dependiendo de la agrupación. La CROC propone un 12 por ciento, la UNT un 13 por ciento y el Congreso del Trabajo entre 15 y 18 por ciento. El gobierno federal mantiene una posición intermedia con un aumento proyectado entre 12 y 13 por ciento, buscando que el salario mínimo alcance 2.5 canastas básicas para 2030. Con esta propuesta, el salario diario pasaría de 315 a 353 pesos, superando por primera vez los 10 mil pesos mensuales al llegar aproximadamente a 10 mil 730 pesos. No obstante, los incrementos continuos han generado presiones en las estructuras salariales de empresas que pagaban montos superiores al mínimo en sus niveles más bajos. Datos de Aon revelan que en el 30 por ciento de las compañías operando en México ha desaparecido el primer escalafón salarial. El segundo reto consiste en la implementación de la reducción de la jornada laboral. A partir del 1 de enero comienza la transición establecida en la reforma de 40 horas, con el primer ajuste de cuatro previstos entre 2027 y 2030. Las empresas con jornadas de 48 horas semanales deberán reducir dos horas mensuales o compensarlas como tiempo extra. Paralelamente, todas las organizaciones están obligadas a registrar electrónicamente la jornada real trabajada por sus empleados desde el primer día del próximo año, aunque aún se desconocen las regulaciones específicas de implementación.
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