Las sociedades financieras comunitarias presentaron ante el Senado de la República una propuesta para reformar el marco regulatorio que las rige, argumentando que las disposiciones actuales las mantienen atrapadas en esquemas diseñados para otras instituciones financieras con fines de lucro. Durante el foro Consulta sobre el Derecho a la Organización de Comunidades Rurales e Indígenas, realizado recientemente en el Senado, representantes del sector, organizaciones campesinas y expertos defendieron la necesidad de crear un sistema financiero rural especializado que permita acceso a infraestructura de pagos, fondos de protección y garantías para pequeños productores agrícolas. La iniciativa, promovida por el senador Jorge Carlos Ramírez Marín, busca canalizar remesas hacia el ahorro local, expandir el crédito agrícola y mejorar la protección financiera de personas históricamente marginadas del sistema formal. Desde 2009, las sofincos operan en comunidades rurales mediante esquemas de ahorro y crédito entre socios. Hoy agrupan a 20 financieras comunitarias de nivel básico presentes en 13 estados, 183 municipios y 885 localidades, atendiendo a más de 86,000 socios a través de 63 sucursales. El sector reporta activos superiores a 806 millones de pesos y una cartera cercana a 588 millones de pesos. Los dirigentes del sector denuncian una trampa regulatoria que exige a estas pequeñas organizaciones cumplir con normatividades y requisitos tecnológicos pensados para instituciones urbanas de mayor envergadura. Isabel Cruz Hernández, directora general de la Asociación Mexicana de Uniones de Crédito del Sector Social, señaló que el sistema financiero mexicano continúa siendo excluyente de lo pequeño y de la diversidad étnica y cultural. Apenas 6.3% de los productores rurales accede a crédito formal, evidenciando el rezago en inclusión financiera que la propuesta busca solucionar en medio de la acelerada digitalización de los servicios financieros.
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