Especialistas en derecho ambiental advierten que establecer legalmente el acceso al agua no garantiza una mayor disponibilidad del recurso en México. María del Carmen Carmona Lara, coordinadora del Área de Derecho Ambiental del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, planteó esta reflexión durante el Coloquio Internacional sobre Gobernanza del Agua Subterránea en las Fronteras de México. Aunque la legislación mexicana reconoce el derecho al acceso y saneamiento del agua para uso personal y doméstico, esto no implica que exista una cantidad mayor disponible para la población. La complejidad aumenta porque México clasifica el agua como bien nacional, un concepto que difiere significativamente de las legislaciones de países fronterizos. Carmona Lara explicó que Belice posee estructuras distintas para la apropiación y distribución del agua, mientras que Guatemala reconoce constitucionalmente las cuencas soberanas, requiriendo acuerdos con compensaciones específicas. Además, la gestión del agua subterránea representa un desafío jurídico adicional que no siempre es visible pero impacta directamente la disponibilidad total. Durante el encuentro, la diputada Ana Erika Santana González enfatizó que en ciudades fronterizas el agua no respeta límites políticos, generando la necesidad de equilibrar demandas urbanas, agrícolas e industriales. Luis Antonio Rascón Mendoza, director de Ingeniería de la Comisión Internacional de Límites y Aguas, indicó que el organismo coordina la gestión de aguas superficiales y subterráneas, incluyendo los ríos Bravo y Colorado, resolviendo controversias binacionales sobre estos recursos hídricos compartidos.
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