Aureliano Hernández Palacios-Cardel inició su gestión como titular de la Auditoría Superior de la Federación con la implementación de un programa de diez medidas estratégicas y una reforma integral al Reglamento Interior del organismo. La nueva estructura operativa se fundamenta en tres ejes principales: una estrategia de fiscalización orientada por análisis de riesgos, seguimiento completo del flujo de recursos públicos y un sistema de sanciones para quienes violen la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. El alcance de la revisión fiscal abarcará la Cuenta Pública federal, la tramitación de denuncias ciudadanas sobre irregularidades administrativas, así como la supervisión de 884,228 proveedores contratados por dependencias gubernamentales durante el ejercicio fiscal 2025. La auditoría también dirigirá su atención hacia servidores públicos municipales y beneficiarios de programas sociales. Entre los hallazgos preliminares destaca que 5,630 empleados municipales mayores de 85 años permanecen en activo. El reglamento publicado el 24 de marzo en el Diario Oficial de la Federación transfiere al auditor superior la coordinación del Sistema Nacional de Fiscalización, anteriormente bajo responsabilidad de Raquel Buenrostro en la secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. La transformación institucional incluye la creación de una secretaría general de fiscalización superior y siete unidades de auditoría especializada: dos dedicadas a entidades federativas, tres enfocadas en gasto social, educación y salud, una para gobierno y seguridad nacional, otra para asuntos hacendarios e infraestructura, y una final para seguimiento e investigación. La coordinación con organismos como la UIF, SAT e IMSS, junto con aplicaciones de inteligencia artificial, potenciará la capacidad de supervisar transferencias, subsidios, fideicomisos, asociaciones público-privadas y garantías sobre endeudamiento subnacional.
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