La capacidad de una nación para prosperar depende fundamentalmente de su capacidad para invertir en el futuro. Sin embargo, México atraviesa actualmente su nivel más bajo de inversión registrado en la historia, con la formación bruta de capital fijo ubicada apenas en 22.9 por ciento del Producto Interno Bruto. El sector privado es responsable del 86 por ciento de esta inversión, mientras que el gobierno de la presidenta Sheinbaum contribuye únicamente con el 14 por ciento, cifra que continúa disminuyendo. Esta reducción obedece a la necesidad de financiar programas de bienestar, pensiones y pagos de intereses de una deuda en constante crecimiento. Durante los últimos dos gobiernos, se ha priorizado el gasto en proyectos de infraestructura pesada que generan pérdidas millonarias diarias, dejando sin financiamiento adecuado las inversiones en servicios básicos como agua potable, electricidad y comunicaciones eficientes. Simultáneamente, el sector privado ha invertido en parques industriales y oficinas con la expectativa del nearshoring, un fenómeno que no ha generado los resultados esperados para el país. El estado mexicano enfrenta hoy una encrucijada: debe sostener simultáneamente el crecimiento de programas de bienestar, atender el envejecimiento poblacional que presiona las pensiones, pagar intereses cada vez mayores de la deuda y mantener financiamiento de proyectos heredados que no generan rentabilidad. Aunque el sector privado ha manifestado públicamente disposición a invertir miles de millones de pesos, existe preocupación sobre el estado de derecho y la concentración de poder en el ejecutivo, factores que desalientan inversiones de magnitud significativa en el presente entorno institucional.
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