La insaculación como alternativa: Gómez explica el mecanismo que podría definir el futuro del INE

El coordinador de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, Pablo Gómez, defendió el uso de la insaculación como método para designar a la próxima presidenta del Instituto Nacional Electoral, en caso de que no prospere un acuerdo político entre los grupos parlamentarios. Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, Gómez cuestionó las críticas de la oposición hacia este procedimiento, argumentando que representa un avance democrático en comparación con prácticas anteriores. El funcionario recordó que en tiempos pasados, los partidos políticos tradicionales controlaban de manera sistemática la selección de los dirigentes del organismo electoral. Señaló que el PRI históricamente concentraba el poder decisivo sobre los consejeros principales, mientras que el PAN participaba en un reparto que era abiertamente conocido por la ciudadanía y los trabajadores electorales. Según explicó Gómez, estos arreglos entre grupos parlamentarios facilitaron la comisión de fraudes electorales sin que existiera claridad sobre responsabilidades. Respecto al procedimiento de insaculación, Gómez detalló que consiste en un sorteo aleatorio que se realiza entre cinco candidatos preseleccionados tras evaluar a todos los aspirantes. La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados realiza propuestas a partir de esta lista, buscando alcanzar consensos y posteriormente obtener las dos terceras partes de los votos de los diputados presentes. Si no se logra este acuerdo, se procede al sorteo que determina quién dirigirá el INE. Los grupos parlamentarios han establecido como requisito que la persona electa sea mujer, garantizando paridad de género en la selección. Gómez también abordó temas relacionados con proveedores de papelería electoral, indicando que varias empresas contratistas funcionan como intermediarios sin capacidad de fabricación propia, delegando sus funciones en imprentas externas. La Unidad de Inteligencia Financiera incorporó a estas empresas en una lista de operaciones sospechosas, situación que evidencia la necesidad de reformas profundas para fortalecer la supervisión del Ministerio Público en estas materias.