La ilusión estadística del empleo en México: cuando los números ocultan la realidad laboral

Las autoridades en Palacio Nacional han convertido la tasa de desempleo publicada por el Inegi en su principal carta de presentación internacional. Con una cifra de 2.6 por ciento, México aparenta tener la tasa de desocupación más baja entre los 38 países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, superando a naciones como Alemania con 3.8 por ciento, Estados Unidos con 4.0 por ciento e incluso España con 10.9 por ciento. Este dato, presentado aisladamente, parecería colocar al país en una posición envidiable en materia de empleo. Sin embargo, esta comparación oculta una realidad laboral mucho más compleja y preocupante. El problema fundamental radica en equiparar las economías avanzadas de la OCDE, donde los trabajadores cuentan con ingresos dignos y protección social, con la situación mexicana, donde la población no puede permitirse estar desempleada y acepta cualquier actividad, aunque sea mal remunerada, informal o de tiempo parcial, con tal de subsistir. Bajo esta lógica flexible de definición, millones de mexicanos son contabilizados como empleados cuando en realidad enfrentan condiciones laborales precarias. El dato que permanece deliberadamente en segundo plano es que 55 por ciento de la población ocupada trabaja en la informalidad, una cifra que refleja la verdadera naturaleza del mercado laboral nacional. Para comprender mejor la situación, es necesario analizar indicadores como la tasa de subocupación, que alcanzó 7.0 por ciento en febrero del año anterior. Este porcentaje visibiliza el drama real: personas que poseen un empleo pero requieren trabajar más horas para cubrir necesidades básicas, disponiendo del tiempo pero careciendo de ingresos suficientes. La falta de transparencia estadística del gobierno no solo perpetúa una narrativa engañosa sobre la economía, sino que impide la adopción de políticas públicas urgentes. Al mantener la ficción de un pleno empleo artificial, se elude la discusión necesaria sobre una reforma fiscal integral que promueva la formalización laboral y redistribuya equitativamente la carga tributaria entre la población.