La carga desproporcionada del alquiler en México: los sectores más vulnerables destinan un tercio de sus ingresos a la vivienda

Más de seis millones de familias mexicanas dependen del alquiler para habitar, representando aproximadamente el 16.33 por ciento de las viviendas en el país, conforme a datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares realizada por el Inegi. El panorama se torna crítico cuando se observa cómo este gasto impacta desigualmente según el nivel de ingreso de los hogares. Mientras que el promedio nacional indica un gasto del 13.98 por ciento del ingreso en alquiler, los sectores con menores recursos destinan casi un tercio de sus percepciones económicas a este concepto. De acuerdo con los datos estratificados por deciles, el primer decil invierte 32.59 por ciento de sus ingresos corrientes en alquiler, seguido por el segundo decil con 21.36 por ciento y el tercero con 17.98 por ciento. Esta proporción disminuye considerablemente entre los sectores de mayor ingreso, quienes asignan 13.27 por ciento en el noveno decil y apenas 11.46 por ciento en el décimo. Un ejemplo concreto es el de Elena, residente en la Ciudad de México, quien con ingresos mensuales de 12 mil pesos paga 4 mil 200 pesos de renta, lo que equivale al 35 por ciento de sus ganancias. Esta carga se agravó recientemente con un incremento de 400 pesos, un aumento del 10.53 por ciento, muy superior al nivel de inflación estimado para el año. Académicos como Héctor Magaña, profesor del Tec de Monterrey, advierten que dedicar una porción tan importante del presupuesto familiar al alquiler reduce significativamente la capacidad de gasto en rubros esenciales como alimentación, salud y educación, comprometiendo el bienestar integral de las familias. En respuesta a esta problemática, la administración de la Ciudad de México impulsa la aprobación de la Ley de Rentas Justas, Razonables y Asequibles, que limitaría los incrementos de alquiler al nivel de inflación anual y establecería una Defensoría Inquilinaria para mediar en conflictos entre arrendadores y arrendatarios.