El Instituto Nacional Electoral aplicó castigos económicos superiores a tres millones de pesos contra el PAN, PRI, PVEM y Morena tras detectar afiliaciones indebidas de 25 personas a estas organizaciones políticas. La medida se tomó luego de analizar 19 procedimientos sancionadores ordinarios y vistas especiales ordenadas por la autoridad electoral, donde se identificaron principalmente violaciones a normas electorales y altas irregularidades en los procesos de afiliación partidista. De los 19 asuntos evaluados, 17 presentaban evidencia clara de afiliaciones irregulares perpetradas por los cuatro institutos políticos mencionados, lo que originó sanciones económicas que en total superan ligeramente los tres millones de pesos. El Consejero Electoral Arturo Castillo Loza manifestó que con estas resoluciones se resolverá prácticamente la totalidad del rezago acumulado en procedimientos sancionadores pendientes. Monitoreo de campañas y cobertura mediática El organismo electoral también aprobó iniciar el seguimiento de transmisiones relacionadas con precampañas y campañas del proceso electoral federal correspondiente a 2026-2027, enfocándose en espacios noticiosos. Una vez que se valide la metodología, se seleccionen los programas informativos y se establezcan los estándares técnicos necesarios, se lanzará una convocatoria dirigida a universidades e instituciones académicas para ejecutar este monitoreo. Las instituciones participantes deberán enviar propuestas que integren el listado de programas noticiosos, cumplimiento de requisitos técnicos y presupuesto detallado y justificado. Conformación de la Junta Ejecutiva La presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala, anunció la culminación de la integración de la Junta General Ejecutiva, instancia responsable de la coordinación administrativa y operativa del instituto. La estructura final comprende dieciocho integrantes distribuidos en ocho hombres y diez mujeres. Taddei Zavala subrayó la importancia del principio de paridad, describiéndolo no solo como cumplimiento de disposiciones constitucionales sino como reflejo de convicción personal para garantizar oportunidades genuinas de participación femenina. No obstante, estos nombramientos ya enfrentan impugnaciones ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial por parte de algunos órganos de dirección que cuestionan si las designaciones respetan adecuadamente la paridad de género.
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