El sistema de pensiones mexicano agudiza la brecha intergeneracional: jóvenes financian jubilaciones de mayores

México enfrenta una tensión creciente entre generaciones en torno al financiamiento del sistema de pensiones. El conflicto se intensificó tras la reforma a la Modalidad 40 del IMSS, implementada el 22 de octubre, que restringe las aportaciones voluntarias al permitir cotizar únicamente con el último salario registrado más una UMA, en lugar de hasta 25 UMA mensuales. Esta medida, justificada por la presidenta Sheinbaum como combate a esquemas fraudulentos, revela un problema estructural más profundo: un esquema tributario regresivo donde los trabajadores jóvenes formales financian pensiones de adultos mayores a través de sus impuestos. La Modalidad 40 afecta principalmente a quienes iniciaron cotizaciones antes de julio de 1997, generalmente nacidos antes de 1979 bajo la Ley del Seguro Social de 1973. Este régimen permite que trabajadores jubilados continúen aportando durante cinco años con el salario que eligieran, llegando a contribuir poco más de 13 mil pesos mensuales para obtener pensiones vitalicias calculadas sobre ingresos que nunca percibieron. El Estado federal asume estas obligaciones mediante impuestos de contribuyentes cautivos. Además, estos pensionados acceden simultáneamente a la Pensión para el Bienestar de Adultos Mayores, programa universal sin consideración de ingresos. Proyecciones del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria indican que para 2027 las pensiones de beneficio definido consumirán 6.3 por ciento del PIB y 27 por ciento del presupuesto federal. El gobierno incrementa impuestos sobre jóvenes mediante IEPS, ISR de trabajadores formales e impuesto predial para transferir más de 2.5 billones de pesos anuales a adultos mayores, además de gastos en salud concentrados en poblaciones de mayor edad. Entretanto, la generación bajo el sistema de Afores desde 1997 dependerá exclusivamente de sus ahorros individuales, sin acceso a estos beneficios.