El Salvador juzga a casi 500 pandilleros de MS13 en histórico proceso judicial virtual

Un tribunal especializado en crimen organizado de El Salvador iniciará este lunes el juicio contra 486 miembros de la pandilla MS13, en lo que representa uno de los procesos más grandes contra integrantes de esta organización criminal. Los acusados enfrentan cargos por más de 47,000 delitos cometidos entre 2012 y 2022, incluyendo aproximadamente 29,000 homicidios, feminicidios, tráfico de personas, extorsión y desapariciones forzadas. Entre los acusados figuran reconocidos líderes del grupo criminal como Borromeo Henríquez y Dionisio Umanzor, quienes participaron en las negociaciones de tregua durante la administración de Mauricio Funes entre 2009 y 2014. Los cargos más graves están relacionados con el fin de semana del 25 al 27 de marzo de 2022, cuando se registraron 86 asesinatos en lo que fue considerado el período más sangriento del país desde la Guerra Civil de los ochenta. El proceso se llevará a cabo mediante conexión virtual directa desde las celdas de confinamiento donde permanecen los acusados. Varios cabecillas se encuentran en cinco penitenciarías diferentes, aunque la mayoría está internada en el Centro de Confinamiento del Terrorismo conocido por su régimen restrictivo. La Fiscalía ha presentado como pruebas autopsias, análisis balísticos y testimonios de víctimas. Los fiscales solicitan la pena máxima por cada delito, lo que podría significar sentencias de hasta 245 años de prisión para algunos acusados. Estos cargos masivos fueron presentados después de que el Gobierno decretara un estado de excepción nacional en respuesta a la ola de violencia. Esta medida, que limita derechos constitucionales como la libertad de reunión y la privacidad de comunicaciones, ha permanecido activa mes tras mes desde entonces. Las autoridades reportan que las tasas de homicidio descendieron a 1,3 por cada 100,000 habitantes según cifras gubernamentales. Sin embargo, el estado de excepción ha generado controversia internacional. Durante su vigencia se han detenido más de 91,500 personas, causando hacinamiento carcelario del 238 por ciento. Grupos de derechos humanos documentan 513 muertes de personas bajo custodia estatal y otras violaciones a garantías fundamentales.