Criterios claros y transparencia, claves para el éxito de la nueva ley de inversión en infraestructura

Ante la preocupación por el estancamiento económico, el ejecutivo impulsó la aprobación de la Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica, iniciativa que plantea una nueva modalidad de proyectos en los que el Estado participaría activamente junto con inversionistas privados. A diferencia de los esquemas anteriores de asociaciones público-privadas, esta propuesta contempla que el gobierno tenga un rol más protagónico en la operación, supervisión, financiamiento y diseño de los emprendimientos. Aunque la ley contiene numerosas referencias a objetivos sociales como el desarrollo compartido y el bienestar colectivo, expertos advierten que su éxito dependerá fundamentalmente de cómo se concrete en las disposiciones reglamentarias. Un aspecto que genera inquietud es la centralización de decisiones en manos de un Consejo de Planeación Estratégica conformado exclusivamente por funcionarios del gobierno, quien tendría atribuciones para seleccionar proyectos, establecer modalidades de financiamiento, evaluar su viabilidad social y distribuir riesgos entre sectores público y privado. Para asegurar que los beneficios alcancen efectivamente a la población, analistas subrayan la necesidad de contar con criterios explícitos, transparentes y sin espacio para la discrecionalidad, evitando que las oportunidades se concentren en círculos con influencia política. Otro aspecto crítico se refiere a los riesgos fiscales implícitos. Los vehículos financieros que se utilizarán para canalizar recursos constituirán obligaciones del Estado y deben reconocerse como deuda pública. Además, la estructura permite posponer el registro de gastos en el tiempo, lo que abre la puerta a prácticas similares a las de los pidiregas de décadas pasadas. Dado que no existe holgura presupuestaria disponible, tanto las implicaciones fiscales directas como indirectas deben reportarse con total claridad y transparencia.