Un tribunal de apelación estadounidense resolvió el sábado permitir que prosigan los trabajos de construcción del nuevo salón de baile presidencial, al menos hasta el 17 de abril, en medio de una disputa legal sobre el proyecto impulsado por el presidente Donald Trump. La decisión llega después de que un tribunal inferior emitiera una orden de cese el 31 de marzo, la cual fue suspendida inmediatamente para facilitar la apelación. El tribunal de apelación extendió esta suspensión temporal hasta mediados de abril e instruyó al tribunal de distrito para que proporcionara mayor claridad respecto a los fundamentos de su medida cautelar. Según argumentos presentados por la administración presidencial, el bloqueo de las obras dejaría a la residencia presidencial vulnerable desde el punto de vista de la seguridad, exponiendo al jefe de estado, su familia y su equipo a riesgos. La iniciativa, con un costo presupuestado de 400 millones de dólares, contempla la demolición del ala este para su reemplazo por un salón de baile de aproximadamente 8361 metros cuadrados. Trump ha descrito esta infraestructura como un legado arquitectónico de su gestión presidencial. El ala este, originalmente construida en 1902 bajo la administración de Theodore Roosevelt y expandida en 1942, es el objeto de controversia. El National Trust for Historic Preservation interpuso una demanda en diciembre argumentando que el presidente excedió sus atribuciones legales al autorizar la demolición sin consentimiento legislativo del Congreso.
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