Consejo del INM subraya que cierre de caso Garduño no cancela deuda institucional con víctimas del incendio de Ciudad Juárez

El Consejo Ciudadano del Instituto Nacional de Migración manifestó que la conclusión del proceso penal contra Francisco Garduño Yáñez, excomisionado de la institución, no extingue las obligaciones pendientes hacia los afectados por el incendio en una estación migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua. A través de un posicionamiento respecto a la resolución judicial recientemente emitida, el órgano colegiado enfatizó que, si bien reconoce las determinaciones de las autoridades competentes, el cierre del caso no sustituye los compromisos en materia de verdad, reparación del daño y justicia para las personas impactadas por la tragedia del 27 de marzo de 2023, cuando fallecieron 40 migrantes y 27 sufrieron lesiones. El Consejo expresó que la decisión penal no elimina ni salda la responsabilidad social, moral e institucional con respecto a la verdad y la reparación integral que merecen los damnificados y sus allegados. Con relación a la transformación de las instalaciones migratorias, el órgano consideró que los sucesos de Ciudad Juárez constituyen un llamado urgente para modificar las condiciones en que son recibidas y alojadas las personas migrantes en estaciones migratorias y espacios de estancia provisional. El documento propone avanzar hacia la supresión de la detención por cuestiones migratorias y la transformación de los centros de tránsito internacional, enfatizando la atención a poblaciones vulnerables. Señaló que la garantía de no repetición demanda cambios profundos que protejan la integridad y dignidad de quienes ingresan, transitan o permanecen en México. El Consejo insistió en que la respuesta institucional no debe limitarse a consecuencias penales individuales, sino incluir evaluaciones de las condiciones operativas de las instalaciones migratorias y la atención a personas bajo custodia estatal. Además, reafirmó su independencia y su propósito de influir en autoridades para reorientar la política migratoria bajo un enfoque de derechos humanos, eliminando prácticas punitivas en las dependencias del INM. También resaltó la importancia de incrementar la transparencia, la rendición de cuentas y la vigilancia ciudadana respecto al desempeño del personal y las condiciones de los centros migratorios.