El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ofrece a sus asegurados formales una pensión por invalidez destinada a quienes, por razones independientes de su labor, pierden capacidad de ganancia superior al 50% respecto a sus ingresos del año anterior. No obstante, especialistas en seguridad social advierten sobre una implicación legal fundamental que muchos desconocen: la incompatibilidad entre esta prestación y una pensión de retiro posterior. Ricardo Velázquez Luna, consultor en materia de pensiones y titular de cuidatupatrimonio.com, destaca que esta restricción representa una consideración crítica al momento de tramitar la invalidez. Alan Duclaud Ampudia, jurista especializado en derecho de la seguridad social del despacho Monsalvo Duclaud, precisa que tanto el artículo 160 de la Ley del Seguro Social de 1997 como el artículo 175, fracción I, de la legislación de 1973 establecen que estas modalidades de pensión son mutuamente excluyentes entre sí. El profesional aclara: aquella persona que goza de una pensión por invalidez no puede posteriormente convertirla automáticamente en una de vejez o cesantía en edad avanzada al cumplir la edad requerida. La compatibilidad futura entre estas prestaciones depende de circunstancias específicas: si el trabajador regresa al mercado laboral, continúa registrando semanas contributivas y posteriormente renuncia voluntariamente a su pensión por invalidez. Con respecto al monto económico, Velázquez subraya que la pensión por invalidez corresponde al 35 por ciento del promedio salarial calculado sobre las últimas 500 semanas aportadas, más asignaciones y ayudas que correspondan según el caso. Para los afiliados bajo la Ley 73, el IMSS financia directamente la prestación. En cambio, bajo la Ley 97, los recursos provienen de la cuenta individual en la Afore del trabajador. La normativa establece límites: el monto no excederá el cien por ciento del salario promedio base ni será inferior a la pensión garantizada mínima. Velázquez advierte que este porcentaje del 35 por ciento puede resultar en prestaciones sumamente reducidas incluso para trabajadores con trayectorias laborales prolongadas.
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