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La pobreza como puerta de entrada al narcotráfico: OEA revela que más de 6 de cada 10 transportistas aceptaron delinquir por necesidad económica

Un análisis exhaustivo realizado por la Organización de los Estados Americanos durante los últimos dos años ha desenmascarado los verdaderos motivos detrás de la actividad de transportistas de drogas entre América Latina y España. La investigación, conducida a través de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas, entrevistó a 386 personas encarceladas por tráfico de drogas en España y Perú, la mayoría provenientes de naciones latinoamericanas y caribeñas. Los hallazgos revelan un panorama sorprendente: aproximadamente el 87 por ciento de los entrevistados cumplía su primera condena y el 86 por ciento transportaba estupefacientes por primera ocasión. Según el estudio, más del 60 por ciento de estos individuos, conocidos como mulas, ingresaron a esta actividad ilícita motivados exclusivamente por dificultades financieras. Contrario a la percepción común, estos transportistas no se ajustan al perfil del delincuente de carrera, sino que responden a situaciones de vulnerabilidad económica explotadas deliberadamente por las organizaciones criminales. El documento indica que amistades representan el principal canal de reclutamiento, siendo responsables del 61 por ciento de los casos, mientras que en el caso de las mujeres, sus parejas juegan un papel significativo al motivarlas a participar en un 14 por ciento de las ocasiones. El pago ofrecido, que fluctúa entre 6 mil y 9 mil dólares por operación, resulta irresistible para personas en condiciones de pobreza que aceptan transportar cocaína, frecuentemente en vuelos internacionales. Antonio Lomba, director del proyecto, subrayó que una de cada cinco personas entra en este ciclo bajo coerción o influencia, no como profesionales del narcotráfico. Las organizaciones criminales asumen los gastos en el 70 por ciento de los casos, pero desaparecen tras la captura, dejando a los transportistas enfrentando penas de hasta seis o siete años de cárcel, lejos de sus familias y dependientes.

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