Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, presentó una solicitud de licencia temporal ante el Congreso estatal para separarse del cargo mientras enfrenta investigaciones por presuntos vínculos con el crimen organizado. El anuncio se produjo después de que la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York formulara acusaciones formales en su contra, tachadas por el mandatario como falsas y dolosas. La acusación involucra a diez funcionarios en total, incluyendo al senador Enrique Inzunza Cázarez, al alcalde de Culiacán Juan de Dios Gámez Mendívil y al subprocurador Dámaso Castro Zaavedra, entre otros. Según documentos judiciales estadounidenses, estos servidores públicos habrían conformado una red de corrupción para proteger las operaciones del Cártel de Sinaloa, facilitando el tráfico de grandes cantidades de fentanilo, cocaína, heroína y metanfetamina hacia Estados Unidos a cambio de sobornos y respaldo político. Las investigaciones sugieren que Rocha Moya llegó a la gubernatura en 2021 con apoyo de la facción conocida como Los Chapitos, hijos del narcotraficante Joaquín Guzmán, quienes presuntamente utilizaron intimidación y secuestros para favorecer su candidatura. El expediente detalla un sistema de pagos mensuales a funcionarios, filtraciones de operativos policiales y liberación de detenidos relacionados con crimen organizado. Se reporta que el subprocurador habría recibido aproximadamente 11 mil dólares mensuales por alertar sobre acciones de seguridad. El caso ha escalado a una crisis diplomática entre México y Estados Unidos, generando tensión sobre soberanía, competencia jurisdiccional y alcances de la justicia transnacional.
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