Europa aprueba regulación para modernizar la agricultura mediante técnicas avanzadas de mejora genómica

Las instituciones europeas han establecido un nuevo marco regulatorio que autoriza el uso de técnicas de edición genómica en cultivos agrícolas. Estas metodologías permiten introducir modificaciones precisas en el material genético de las plantas, generando variedades con mayor capacidad de adaptación a factores ambientales adversos como sequías e inundaciones. El objetivo de esta política es fortalecer la posición competitiva del sector agrario europeo, asegurar una mayor autosuficiencia alimentaria y disminuir la necesidad de productos importados. La regulación contempla dos categorías de plantas modificadas. En primer lugar, aquellas cuyas alteraciones genéticas son asimilables a las que se logran mediante procedimientos convencionales de fitomejoramiento podrán ser comercializadas tras evaluar su seguridad en las autoridades competentes de cada país, sin necesidad de identificación especial en el etiquetado, excepto en el caso de las semillas. En segundo lugar, los cultivos que presenten cambios genéticos más sofisticados continuarán bajo el régimen actual de Organismos Modificados Genéticamente, requiriendo aprobación oficial previa, sistemas de seguimiento completo e identificación obligatoria en etiquetas. Los gobiernos nacionales mantendrán la facultad de autorizar o prohibir su cultivo dentro de sus fronteras. La nueva disposición incorpora además requisitos de divulgación sobre propiedad intelectual, obligando a los creadores de estas variedades a registrar sus patentes en un sistema de información accesible al público. La Comisión Europea realizará evaluaciones periódicas del impacto de estos derechos sobre el ritmo innovador, la disponibilidad comercial de semillas y las condiciones de competencia del mercado. El Parlamento Europeo aún debe ratificar formalmente esta normativa. Una vez publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea entrará en vigor transcurridos veinte días, aunque su puesta en marcha efectiva se retrasará dos años, previéndose que comience a implementarse desde el año 2028.