Tribunal de apelaciones detiene investigación sobre cumplimiento de órdenes judiciales en deportaciones venezolanas

Una corte federal de apelaciones bloqueó el martes que un juez de distrito continúe investigando si funcionarios de la administración Trump desobedecieron deliberadamente una orden judicial que requería suspender vuelos de deportación de ciudadanos venezolanos hacia El Salvador. El panel de tres magistrados de la Corte de Apelaciones del Circuito del Distrito de Columbia votó 2 a 1 a favor de la administración presidencial, revocando las acciones del juez James Boasberg. Los jueces determinaron que Boasberg había excedido sus atribuciones al buscar testimonios bajo juramento de oficiales del gobierno para establecer si incumplieron intencionalmente su orden de marzo de 2025 que exigía detener la expulsión de venezolanos en aviones comerciales. La jueza Neomi Rao escribió en la sentencia que permitir tal investigación constituiría una intromisión en la autonomía del poder ejecutivo al examinar deliberaciones de alto nivel sobre seguridad nacional y asuntos diplomáticos. Rao concluyó que el procedimiento por desacato iniciado por Boasberg representaba un abuso claro de discrecionalidad judicial. Tales procedimientos pueden resultar en multas y sanciones penales. Walker, otro juez de circuito, respaldó la decisión de Rao, mientras que la jueza J. Michelle Childs presentó una opinión disidente. Rao y Walker fueron designados por Trump, en tanto que Biden nombró a Childs. El caso se originó en una demanda de la Unión Americana por las Libertades Civiles en nombre de hombres venezolanos expulsados bajo la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, que otorga amplias facultades presidenciales para detener y deportar a ciudadanos de naciones en guerra con Estados Unidos o que hayan realizado una invasión. La corte había suspendido temporalmente en diciembre el procedimiento por desacato mientras estudiaba el asunto con mayor profundidad.